El Concejo Deliberante de San Isidro pospuso el tratamiento del Código de Ordenamiento Urbano (COU) para las sesiones ordinarias de 2025, después de que el intendente Ramón Lanús, en un comunicado, confirmara la decisión del oficialismo. La postergación se produjo debido a la falta de consenso con la oposición, que había expresado críticas, especialmente a través de Gustavo Posse.
Lanús explicó que la suspensión del COU, que había sido discutido durante un mes, tiene como objetivo profundizar el análisis del proyecto oficialista y generar más instancias de explicación hacia la comunidad. Todos los bloques políticos acordaron enviarlo nuevamente a la comisión respectiva para un mayor análisis.
El oficialismo criticó que algunos sectores habían difundido información errónea sobre el proyecto, generando temores infundados. El Municipio señaló que se busca un debate más profundo y que la discusión se retomará en marzo de 2025, con la apertura de las nuevas sesiones del Concejo.
Posse, por su parte, se mostró en desacuerdo con el apuro de modificar el código sin una participación activa de los vecinos, considerando que el nuevo proyecto se estaba impulsando sin los estudios adecuados sobre impacto ambiental ni una planificación exhaustiva de la infraestructura y los servicios esenciales.
El concejal del Frente Renovador-Unión por la Patria, Federico Meca, celebró la postergación y afirmó que se había logrado frenar el intento del oficialismo de aprobar un proyecto que, según él, carecía de la planificación necesaria. También cuestionó los intereses inmobiliarios detrás de la reforma y alertó sobre el impacto que tendría en la infraestructura del municipio.
La concejal Estefanía Rivadulla también se mostró en contra, considerando que el proyecto promovido por el oficialismo respondía a intereses económicos en lugar de a una verdadera planificación urbana.
Durante la misma sesión, se aprobaron otras iniciativas, como la preservación del arbolado público de San Isidro, la prohibición del uso de pirotecnia en eventos públicos y privados, y la autorización al Departamento Ejecutivo para dictar normas transitorias experimentales en materia de tránsito y transporte.
